El Gobierno japonés retrasa la puesta en marcha del sistema informático del llamado DBS japonés, la herramienta con la que colegios, guarderías y otros centros iban a comprobar si quien trabaja con menores tiene antecedentes de delitos sexuales. Es el equivalente al certificado de delitos de naturaleza sexual que en España se pide para trabajar con niños. La ley de prevención de la violencia sexual contra menores entra en vigor el 25 de diciembre y esa fecha se mantiene; lo que no estará listo es el sistema en línea «Komamorou», pensado para cruzar los datos con el Ministerio de Justicia. El ministro de Política Infantil, Hiroshi Nakatsukasa, lo reconoció el 18 de noviembre: se han encontrado «muchas vulnerabilidades graves», el sistema «no se utilizará de momento» y pidió disculpas a los afectados.
El origen del frenazo está en una revisión con inteligencia artificial que el Gobierno encargó el 26 de octubre. Nakatsukasa recibió un avance de los resultados el 12 de noviembre y concluyó que había riesgo de acceso indebido, de modo que desistió de arrancar el 25 de diciembre por esa vía. La Agencia para la Infancia y las Familias trabaja ahora en un procedimiento alternativo, en papel o por otras vías, y quiere detallarlo a principios de diciembre, con la consigna de no cargar de más a las escuelas y de no diluir el sentido de la ley. El sistema aún no había entrado en servicio, así que no se ha filtrado ningún historial penal ni ningún dato de padrón. Un responsable de la agencia admite, aun así, que volver a ponerlo en marcha «llevará un tiempo», precisamente porque maneja información muy sensible.
El atraso deja un hueco incómodo: la norma nace en Navidad, pero el mecanismo que debía hacerla ágil se cae en el último tramo. Para las familias, la promesa era que quien se acerca a un aula o a un patio hubiera pasado un filtro claro, comparable al que ya existe en otros países. Ese filtro no desaparece, pero durante una temporada se hará a la antigua, con más papeleo y más dudas sobre los plazos. La agencia tendrá que explicar pronto cómo se pide la comprobación, quién la tramita y cuánto tardará, para que el 25 de diciembre no se convierta en una fecha vacía.


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